EL Observador

10:13 hrs. Martes 06 de noviembre de 2012 Víctor Delgado Espinoza

¿Quién es quién en la escasez hídrica?

El llamado "Conflicto del Agua" es mucho más profundo de lo que se cree o piensa. Esto, porque ya se han implementado medidas de emergencia; y por otro lado, ya se han hecho anuncios de obras para que en un futuro las soluciones para la agricultura estén a la mano y no se esté improvisando sobre la marcha. Pero el tema sigue siendo recurrente, y todos tienen su opinión.

Más allá de apoyar o criticar, el punto radica en los argumentos de fondo que tiene cada unos de los actores.

Están los ambientalistas marcados por un fuerte tinte de izquierda, quienes apoyan y promueven la estatización del agua como un "derecho de todas las personas". Creo que todos debieran tener derecho al agua, pero ¿quién elegiría al dios humano que tendría el monopolio de decisiones respecto al vital elemento? ¿O se cuenta con un sistema probado que avale de buena manera la democracia en la distribución del agua?

También están los grandes agricultores, a quienes he visto con la voluntad de encontrar soluciones que beneficien a todos, como por ejemplo la siembra de nubes. Ellos fueron pieza clave para que este proyecto se concretara en la provincia. Sin embargo, son los cuestionados por el primer grupo, pues les cuelgan la usurpación de aguas como su talón de Aquiles. Ojo, la completa privatización tampoco es el camino.

Pero acá entra la Dirección General de Aguas, DGA, servicio que está limitado para realizar fiscalizaciones efectivas, es decir, depende de una serie de autorizaciones para llegar a concretar un trabajo serio, que ayude a terminar con el robo de agua. Cabe señalar que ni siquiera pueden sancionar en caso de encontrar algún ilícito de este tipo.

Sumo y sigo. Las Juntas de Vigilancia necesitan un proceso de trabajo arduo para constituirse. En la Provincia de Quillota los agricultores están organizados en esta figura, pero en Petorca aún no existen como organismo territorial-geográfico completo. Esto, porque se necesita conocer datos, quiénes son los que tienen derechos y cuántos de esos derechos deben hacerse efectivos en las cuencas de los ríos Ligua y Petorca. Por lo tanto, aunque ya se está trabajando en eso, se necesita un ritmo más acelerado, pero no por eso menos serio, para concretar un sistema responsable de autorregulación.

Entonces, lo ideológico y lo legislativo al parecer se deben mirar "juntos, pero no revueltos". Por un lado están las doctrinas de cada actor, que son válidas en el seno interno, pero lo que importa en este instante es cómo mejoramos esta realidad de manera rápida.

Hay que colocar en la mesa un plan de trabajo ordenado, instando a la organización interna, incluyendo a los servicios públicos y los agricultores, cualquiera sea su tamaño, dejando de lado los sesgos y la ambición de dividendos políticos. Pero antes de eso, debemos ser realistas y analizar las facultades que tiene cada uno y la vuelta que debe hacer cada cual en sus obligaciones.

Urge modificar la actual legislación para entregar al Estado mayores facultades, fiscalizadas y restringidas por los usuarios, bajo criterios que busquen implementar un sistema fresco y ordenado. Hoy tenemos dos problemas: la sequía y la desorganización de ideas para encontrar soluciones inteligentes.



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