EL Observador

16:40 hrs. Viernes 08 de junio de 2012 Frank Abd-El-Kader Fraser

El tsunami social que se nos viene

Cualquier persona sabe que el sistema público de pensiones está sometido a un debate de donde va a salir, probablemente, un sistema diferente en los próximos años. Este debate se origina al plantearse una serie de problemas graves que le afectan y frente a los cuales se ofrecen soluciones que apuntan a darle una configuración bien distinta de la que tiene actualmente.

El actual sistema de pensiones se dirige a un inevitable desastre, pues está sufriendo una degradación que los políticos no quieren ver. Ellos discuten el tema, pero aún no han sido capaces de ponerse de acuerdo para resolverlo. ¿Hasta cuándo se podrá mantener la situación actual?, ¿qué pasará con los que comiencen a jubilar dentro de los próximos cinco, 10 o 15 años?

Se hace imprescindible una gran reforma, sobre todo después de los desastrosos resultados que han alcanzado los multifondos en las bolsas de valores, dado el incierto panorama en el que se debate la economía mundial.

El envejecimiento de la población conducirá en el futuro, en todos los países, a realizar sustanciales ajustes fiscales (reducción de gastos, subida de impuestos) y cambios importantes en el contrato social (retrasos significativos en la edad de jubilación o reducciones drásticas en las prestaciones), que incidirán directamente en el sistema de pensiones.

El ciudadano normal no sólo se siente afectado por lo que le pueda suceder cuando llegue su jubilación, sino también por la convicción de los cambios que se anuncian.

Todo indica que dentro de unos años habrá más personas mayores y serán menos los que trabajen. Por tanto, menos ocupados tendrán que financiar la jubilación de más pensionados, hasta que sea insostenible. No queda entonces más remedio que acometer, con urgencia, las reformas necesarias.

Las propuestas que se realizan son también, en apariencia, tan coherentes y lógicas que se perciben como razonables y las únicas posibles. Se acepta que es un deber social atender la vejez o en el infortunio a las necesidades básicas, incluso de quienes no han trabajado o contribuido lo suficiente.

Existirá, por tanto, una pensión mínima para esos ciudadanos, aunque deberá ser de un monto reducido para evitar que se incentive la no contribución a lo largo de la vida activa.
Quienes, por el contrario, hayan tenido ocupación a lo largo de su vida, contribuirán a financiar el sistema de pensiones y tendrán derecho a ella. Aunque es probable que la crisis financiera del sistema y el envejecimiento de la población, provocarán que esta pensión quede muy por debajo del que había sido el salario del trabajador al momento de jubilarse.

Por lo tanto, se hará necesario y posible que los trabajadores que lo deseen, podrán generar a lo largo de su vida activa un fondo complementario que les permita añadir un monto adicional a la pensión anterior, si es que tuvieran derecho a ella.

Hoy más que nunca tenemos el imperativo ético de construir un modelo de sociedad que le permita al ser humano alcanzar la felicidad, la realización plena y el reconocimiento social, expresado en un modelo de pensiones que lo dignifique como tal.



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