EL Observador

9:52 hrs. Viernes 16 de diciembre de 2011 Frank Abd-El-Kader Fraser

Proyecto de desmunicipalización

De la misma forma como se gestó la municipalización se pretende llevar a cabo la desmunicipalización, es decir, sin consulta ciudadana, sin participación de los docentes y asistentes de la educación, sin escuchar la opinión de los alcaldes, tampoco interesa lo que piensan los alumnos y los apoderados, lo único válido es lo que opina un grupo de expertos, cuya formación responde al ámbito económico.

La historia nos demuestra que toda transformación importante requiere del respaldo de los ciudadanos. Lo grave es que esto ocurre en plena democracia.

Cinco años, es el plazo que el gobierno se impuso para culminar el proceso traspasar los colegios municipales (aquellos con bajo rendimiento o muy baja matrícula) a las Agencias Públicas de Educación Local (APEL).

Dichos organismos se crean en el proyecto de ley sobre desmunicipalización que el 30 de noviembre recién pasado fue ingresado al Congreso.

La iniciativa busca mejorar la gestión económica y pedagógica de los colegios que atienden a más de un millón 300 mil alumnos en el país y que son administrados por municipios, los que reclaman por la baja subvención escolar, déficit de infraestructura, estudiantes con bajo capital cultural, pérdida de matrícula, profesores mal evaluados y bajos índices de aprendizaje.

El proyecto establece que el nuevo sistema se aplicará a todas las comunas con resultados negativos en su gestión educativa, lo que será definido por la Agencia de Calidad que utilizará estándares de aprendizaje como puntajes Simce, tasas de retención o repitencia.

También se considerará obligatoria la desmunicipalización para las comunas que tengan escasa matrícula (no se define el número exacto), las que deberán asociarse y crear una instancia multicomunal con el fin de buscar "economía de escala".

Este proyecto genera las siguientes interrogantes: ¿cuál será el verdadero empleador de los docentes? Si el proyecto trae consigo cambio de empleador, entonces ¿quién se hará cargo de las indemnizaciones de los docentes y asistentes de la educación?, y si no es así, ésta se convertiría en una nueva deuda histórica, más grande que la anterior.

Al parecer se descuidarán hasta las propias fronteras, dado que la escuela cumple no sólo el rol de impartir educación, sino que también es un punto de encuentro cumpliendo un rol social.

Este proyecto no resuelve los problemas en la educación pública, como son bajo aporte por alumno, descuento por asistencia, régimen de financiamiento compartido incorporado en algunos establecimientos, escasa o nula inversión en capacitación de docentes y asistente de educación, baja tasa de crecimiento vegetativo de la población y por consiguiente envejecimiento de la población, escasa inversión en la educación técnico profesional.

Todo lo anterior, es la causa de la segregación social y la inequidad de la educación chilena.



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